La ex alcaldesa de Jerez María José García Pelayo, ordenó el jueves a su grupo encerrarse en el pleno del Ayuntamiento hasta acceder al expediente por el que adjudicó contratos a una empresa investigada en el caso Güertel. Las palabras de la actual regidora, Pilar Sánchez (PSOE), diciendo que esperaba “instrucciones del juez” hicieron saltar la polémica.
Ahora es el Ayuntamiento de Jerez el que está en el punto de mira. La trama corrupta que investiga el juez Garzón, que ha encontrado indicios de responsabilidad penal contra diputados y senadores del PP y que alcanza al tesorero del partido, tiene varias ramificaciones en Andalucía. Después de conocerse contratos de los ayuntamientos de Granada y Estepona a empresas de los cabecillas de la trama, ayer estuvo en el punto de mira la ex alcaldesa jerezana María José García Pelayo. La también diputada del PP desplegó todos sus medios para negar su implicación en el caso y culpar al PSOE de un “montaje”. Los populares han presentado una querella contra el juez Garzón por prevaricación.
Según narró a un grupo de periodistas en el Parlamento, donde estuvo durante la tarde, fue la ex alcaldesa la que orquestó el encierro en el Ayuntamiento, donde se celebraba un pleno, tras negarle la actual regidora el acceso al expediente bajo sospecha. La regidora popular adjudicó en enero de 2004 los contratos para participar en la Feria de Turismo de Madrid (Fitur) a Special Events y Down Town Consulting, empresas vinculadas al cabecilla de la trama, Francisco Correa. Firmó esos contratos, por valor de 202.172 euros, por vía de urgencia.
“No vamos a permitir que se ponga en juego nuestra dignidad y honradez”, señaló García Pelayo muy indignada. Explicó que su grupo decidió encerrarse en el ayuntamiento hasta que finalmente el gobierno municipal les facilitó la lectura del expediente de este contrato, sobre las 14,30 horas, compuesto por 19 documentos y seis informes del director del área de turismo y la interventora municipal, según relató la afectada. El momento de más tensión se vivió cuando tras solicitarle García Pelayo el acceso al expediente a la alcaldesa Pilar Sánchez ésta replicó: “Ahora si usted quiere, acabo de recibir la llamada del juzgado... Voy a seguir instrucciones del juez”, sostuvo la regidora.
A esta afirmación se aferra el PP para preguntarse qué hace un juez llamando a una alcaldesa y sustentar su teoría de la conspiración, de que esto es “un puro montaje contra el PP”. García Pelayo abundó ayer en esto ante los medios, afirmando sentirse víctima de una estrategia de “acoso y derribo al PP” y “cabeza de turco de una cacería”.
Por la tarde, el Ayuntamiento de Jerez quiso aclarar cómo se produjeron los hechos. Según su versión, consultó con la Audiencia Nacional a primera hora de la mañana qué hacía con el expediente relacionado con Fitur 2004 que podría verse implicado en el caso Gürtel, según indicaron a Europa Press fuentes municipales. Las fuentes indicaron que en ese momento no pudieron hablar con la secretaria judicial. Posteriormente, en el transcurso del Pleno, la alcaldesa recibió la llamada de la Audiencia Nacional. “Salió para atender la llamada”, según las fuentes, por lo que la ausencia del Pleno por la citada llamada “no fue de motu proprio, sino que devolvieron la llamada”.
Esta circunstancia, según el ayuntamiento, impidió en un primer momento facilitar al grupo municipal del PP el acceso al mencionado expediente. Fue posible, según el Consistorio, en cuanto el citado órgano judicial informó que no había ningún impedimento para ello. De hecho, los concejales del PP han podido consultarlo en su totalidad.
Sobre el contrato firmado con las empresas de Correa, García Pelayo aseguró que tiene “una tranquilidad absoluta” porque no ha firmado “nada que no cumpla la ley”. Según sostuvo, el contrato cumple todos los requisitos exigibles. La contratación de hizo por la vía de urgencia, admitió, pero “se invitaron a otras tres empresas” y se adjudicó con el criterio de “menor precio y mayor calidad”
El Consejo Rector del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudada, el órgano competente para adjudicar los trabajos, también ratificó el contrato, aseguró. “Incluido el representante del PSOE y actual delegado de recursos humanos, Juan Manuel García Bermúdez”, dijo la popular.
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