Ni en las tragicomedias de mayor renombre se rozó el esperpento como ocurrió ayer durante el Pleno municipal jerezano, en el que la tensión se pudo cortar con un cuchillo y que culminó con el encierro del principal grupo de la oposición en el salón municipal. Nada más empezar la sesión, la portavoz del Partido Popular, María José García Pelayo, quiso pronunciarse precipitadamente sobre el escándalo que ha salpicado a su partido a nivel local, ya que ha sido relacionado directamente con dos empresas que en la actualidad están siendo investigadas por el juez Garzón dentro del denominado caso Gürtel.
En concreto, se trata de las sociedades Special Events y Down Town Consulting, cuyo propietario y administradores, respectivamente, se encuentran en prisión. Ambas empresas fueron contratadas por los populares cuando estaban al frente del Ayuntamiento, en el año 2004, con el fin de organizar la gestión del stand de Jerez en Fitur. Aunque Pelayo intentó proclamar al comienzo del Pleno que su formación está libre de toda sospecha, la alcaldesa, Pilar Sánchez, le cortó en seco emplazándola al apartado de ruegos y preguntas, en el que podría desarrollar su exposición.
«Usted no tiene la palabra -puntualizó la primera edil-, así que no puede venir a montar el circo». Dicho esto, la popular aguantó estoicamente hasta el final de una sesión aburrida en cuanto a contenido, pero eso sí, llena de reproches personales, protestas de diversos colectivos tanto fuera como dentro de la sala y salidas de tono, en especial de las dos protagonistas de la discordia.
Así, Pelayo tildó a Sánchez de «ordinaria» y de tener «mal carácter», mientras que la socialista la interrumpió continuamente y le cortó en varias ocasiones la palabra. Tras la lectura y votación de los once puntos del día y el turno de ruegos y preguntas, la portavoz de la oposición aludió a la necesidad de contar con el expediente de contratación de las citadas empresas, con el fin de demostrar que «no tenemos nada que ocultar». La alcaldesa, sin embargo, tras salir inesperadamente de la sala para hablar por teléfono, volvió sentenciando que «el documento se lo entregaré si el juez lo estima oportuno», asegurando que acababa de recibir una llamada de la autoridad judicial.
Seguidamente, se levantó la sesión y el PP decidió permanecer en el salón de plenos hasta que el Gobierno local no les hiciera llegar el informe. Los concejales populares estuvieron durante casi tres horas apostados en el recinto, tiempo durante el cual su portavoz aprovechó para expresar su indignación y preocupación a los medios por lo sucedido. «Tenemos garantizado que el expediente cumple íntegramente la legalidad y yo entiendo que todo esto es un montaje, y que han entrado en la dinámica de ensuciar la vida política como están haciendo a nivel nacional de cara a las elecciones gallegas».
Así, Pelayo hizo referencia a una campaña orquestada de desprestigio de su partido, organizada o con la connivencia del juez Garzón y del ya ex ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo. Eso sí, la parlamentaria reconoció la existencia de una relación contractual con ambas empresas, pero aseguró que la obtención del expediente probaría que no se incurrió en ningún tipo de irregularidad.
«Estas empresas no han tenido ninguna relación personal con nosotros, de hecho al año siguiente se contrató a otra empresa de Jerez, por lo que se demuestra que con ellas no manteníamos ningún tipo de compromiso». Asimismo, justificó el acuerdo en una cierta «precipitación» por su reciente aterrizaje en el Gobierno, ya que el expediente se tramitó mediante el procedimiento de urgencia, algo que por otro lado está contemplado en la Ley de Contratos del Estado. «Todo está en los informes y mientras fui alcaldesa no firmé nunca nada con el informe en contra de los técnicos», sentenció.
Por otro lado, la popular calificó de «muy fuerte» el hecho de que un juez pudiera haber llamado a la alcaldesa para influir en decisiones políticas, aunque sus dudas al respecto se hicieron patentes. «No me creo que un juez la haya llamado, más bien lo habrán hecho desde el partido a nivel nacional para decirle que no nos entreguen la documentación, porque no les interesa que se vea que se cumple la legalidad. Y si la ha llamado el juez me preocupa enormemente y así lo trasladaré a mi partido, porque espero que no se utilice a los jueces contra el PP».
A este respecto, el Gobierno local quiso pronunciarse en la tarde de ayer a través de un comunicado, en el que especificó que la primera regidora había consultado a la Audiencia Provincial por la mañana temprano «qué hacer con el expediente», asegurando que fue el juez quien a lo largo del Pleno municipal le devolvió la llamada. La Corporación, además, confirmó haber enviado el documento a Garzón para su examen.
A Pelayo, por su parte, se le quebró la voz al reconocer que los concejales populares estaban nerviosos y preocupados, puesto que «cualquier persona que tenga dignidad y honor cuando se le ataca es normal que se ponga así». Tras esta prolongada exposición y cuando transcurrieron más de dos horas, que los encerrados aprovecharon para tomar un tentempié y seguir comentando lo sucedido, el secretario general del Ayuntamiento los hizo llamar para mostrarles, por fin, el controvertido documento. Pelayo acudió a su despacho acompañada del presidente local del partido, Bernardo Villar, y tuvo que afanarse en tomar notas ya que el secretario no sólo no les entregó el documento, sino que tampoco les permitió que realizaran una copia.
Pruebas favorables
Tras una hora de examen, los concejales se reunieron con sus compañeros y trasladaron a la prensa sus conclusiones acerca del informe. El talante de la portavoz tras ese encuentro resultó totalmente diferente, mostrándose mucho más relajada y segura de las pruebas que corroboran su «inocencia». En concreto, aludió a seis informes dentro del expediente firmados por el interventor, el secretario y el director del área de Fomento, todos ellos «favorables y sin objeciones».
En primer lugar, la parlamentaria explicó que el documento prueba sobradamente que a la adjudicación se presentaron tres empresas, con lo que ya se cumple el procedimiento establecido. Además, subrayó que los informes están rubricados por técnicos municipales y no por cargos políticos, lo que garantiza la imparcialidad del procedimiento. También existe constancia de la consignación presupuestaria y del órgano competente para su aprobación, que fue el Instituto de Promoción de la Ciudad. Se da la circunstancia de que todo fue ratificado por el Consejo de dicho órgano, en el que también se encontraba el actual delegado de Recursos, Juan Manuel García Bermúdez, por entonces en el banquillo de la oposición.
«No hay absolutamente nada -ratificó la popular-, sólo un intento de linchamiento y de poner en marcha el ventilador, porque ellos sí tienen mucho que ocultar. Nos hemos tenido que encerrar pero la verdad ha salido a la luz. Esto es un auténtico peligro para la democracia, nos sentimos amenazados». Por todo ello, aseguró que lo sucedido será puesto en conocimiento del PP andaluz con el fin de tomar las acciones necesarias, ya que «no nos quedaremos de brazos cruzados».
Firmado por Almudena Doña, que aguanto el tirón de la espera con nosotros.
http://www.lavozdigital.es/jerez/20090227/jerez/encierra-pleno-para-rebatir-20090227.html
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