Mapa político pre-electoral en la provincia de Cádiz, Jerez es clave

El paro y la crisis desenfocan un curso político marcado por las municipales

El proceso de designación de candidatos adquiere un papel secundario ante la gravedad de una situación económica que deparará una huelga general y unos presupuestos restrictivos

fCO. SÁNCHEZ ZAMBRANO / CÁDIZ | ACTUALIZADO 31.08.2010 - 07:30

Unas nuevas elecciones asoman en el horizonte. Será probablemente el último domingo de mayo -la fecha está aún por concretar- cuando todos los gaditanos sean llamados a las urnas para elegir a sus alcaldes y concejales. Pero la importancia que ya de por sí encierran siempre unas elecciones municipales queda ahora difuminada al inicio de un nuevo curso político porque, como reconocen los propios líderes políticos, la prioridad es y seguirá siendo la lucha contra el desempleo.

La carrera electoral que acabará con la llegada a la meta en mayo -o, mejor dicho, en la segunda quincena de junio, cuando se constituyan las nuevas corporaciones locales- se presenta no obstante en la línea de salida con muchos obstáculos de por medio, con muchas etapas complejas que se irán dilucidando con el paso del tiempo.

Ya el arranque promete. Porque septiembre se presenta con una huelga general convocada por las centrales sindicales para el próximo día 29 y que será el primer paro de esta índole que tendrá que afrontar José Luis Rodríguez Zapatero en los más de seis años y medio que suma como presidente del Gobierno.

Pero será además un mes en el que Izquierda Unida (IU) tendrá que dilucidar si mantiene o no su pacto de gobierno con el PSOE en la Diputación de Cádiz. La clave será si el próximo día 3 los concejales socialistas terminan aprobando los presupuestos municipales de acuerdo con el pacto de gobernabilidad que ambas formaciones firmaron tras las municipales de 2007.

Septiembre será también un mes en el que las direcciones federal y regional del Partido Socialista tendrán que tomar una decisión definitiva sobre la continuidad o el relevo de Pilar Sánchez y de Tomás Herrera como principales referentes en Jerez y Algeciras, localidades de las que son ahora sus alcaldes respectivos y cuya gestión y/o actitudes han sido criticadas desde las propias filas del PSOE.

Y junto al proceso de elección de los demás candidatos de todos los partidos políticos -el PP es el que tiene más avanzada esta tarea al haber nombrado ya a una treintena de sus aspirantes a alcaldes- la provincia estará más pendiente que nunca primero de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), a principios de octubre, y un mes después de los de la Junta de Andalucía.

La manida crisis económica y el tijeretazo en las inversiones decretado por los gobiernos nacional y autonómico dejarán seguro en la cuneta a varias de las obras de infraestructura que la provincia de Cádiz viene demandando desde hace tiempo y que a partir de ahora afrontarán un futuro aún más incierto.

Garantizada por parte del ministro de Fomento, José Blanco, la reactivación de la obra del segundo puente sobre la Bahía de Cádiz, quedará por ver la consignación que reserva el Estado para esta imponente obra, ya que del dinero que ser reserve se podrá dilucidar el ritmo que seguirán los trabajos en 2011 y si existe aún alguna posibilidad de que este viaducto pueda estar en servicio para la conmemoración en marzo de 2012 del Bicentenario de la Constitución de Cádiz.

Las autovías Vejer-Algeciras, jerez-Dos Hermanas, El Puerto-Rota y la modernización del nudo de Tres Caminos pueden ser algunas de las actuaciones condenadas a seguir permaneciendo en el cajón del Ministerio de Fomento y de la Consejería de Obras Públicas.

Pero la prioridad de todas las administarciones públicas seguirá siendo la creación de empleo en la provincia española con mayor tasa de paro. Gobierno central y Junta de Andalucía seguirán de cerca el desarrollo de los diferentes planes especiales contra el paro que ya gestaron y pusieron en marcha el año pasado y que ahora encaran una segunda edición.

Pero si los resultados no están siendo lo satisfactorio que se esperaba, el panorama es quizás aún menos halagüeño. De momento, desde diversos sectores se ha alertado ya de un nuevo repunte del paro en el último trimestre del año. Además, la escasa carga de trabajo ha encendido la alarma en los astilleros de la Bahía, la llegada de las empresas que debían suplir el cierre de Delphi sigue dejando mucho que desear, y el parque de Las Aletas sigue sin ver la luz tras el parón decretado por las últimas sentencias judiciales adversas a los intereses de las administraciones promotoras.

Coincidiendo con esta complicada situación, los partidos políticos tendrán que afrontar sus procesos internos para las elecciones municipales. La designación de los candidatos a alcaldes, la elaboración de los programas electorales y la confección de las listas darán sin duda mucho que hablar y que escribir.

El mayor protagonismo lo asumirá el PSOE que, de momento, se ha quitado lastre al haber designado ya a Marta Meléndez como candidata a la Alcaldía de Cádiz. Pero queda por saber qué pasará con Pilar Sánchez y con Tomás Herrera en Jerez y Algeciras, algo que se dilucidará en cuestión de pocas semanas o incluso días. Algunas fuentes hablan de una "reflexión profunda" en las direcciones federal y regional del partido sobre el futuro de ambos dirigentes, que a día de hoy no tienen garantizada su continuidad. El ex consejero de Empleo, Antonio Fernández, y la actual delegada provincial de Innovación, Angelines Ortiz, se presentan como los recambios posibles a Sánchez y Herrera, respectivamente.

Del resto de localidades, el Partido Socialista cuenta en principio con que todos sus alcaldes se presentarán a la reelección, con la única excepción de Miguel Manella en Tarifa y con la duda de Los Barrios.

Además de la batalla lícita por las 44 alcaldías de la provincia, PSOE y PP se han citado ya para un nuevo pulso por la Presidencia de la Diputación de Cádiz, objetivo largamente perseguido por los populares y que, sin embargo, jamás han podido ver cumplido.

El actual reparto de la Corporación provincial (15 diputados del PSOE, 13 del PP, dos de IU y uno del PA) variará seguro tras las próximas municipales. Todo apunta a que los socialistas le quitarán a los andalucistas el acta de diputado por el partido judicial y que los populares harán lo propio con los izquierdistas en el de Chiclana. Por eso, cada vez parece mucho más claro que Jerez será quien decida si hay mayorías absolutas o no.

En cualquier caso, quedan aún muchos meses por delante para que los partidos políticos lleguen a esa meta.

Artículo publicado en El Diario de Cádiz

http://www.diariodecadiz.es/article/provincia/778372/paro/y/la/crisis/desenfocan/curso/politico/marcado/por/las/municipales.html

Ocho razones para rechazar la Ley de Transparencia

Reproduzco el artículo de Daniel Montero en su blog sobre la Ley de Transparencia

http://www.dmontero.net/2010/08/8-razones-para-rechazar-la-ley-de-transparencia/

Hoy hemos conocido, por fin, el Anteproyecto de Ley que el PSOE prometió hace seis años para garantizar el acceso de los ciudadanos a la información pública. Tras meses de rumores, contactos y escasas reuniones con agentes sociales, las sospechas se han cumplido y nos encontramos con una Ley que rebaja los mínimos exigibles para una democracia moderna. El nuevo anteproyecto, que depende directamente de la vicepresidenta, Mª Teresa Fernández de la Vega y que ha sido filtrado al diario El País, es un auténtico ejercicio de dialéctica política que se desmonta en ocho argumentos.

1) La información es un derecho fundamental.

El artículo 20 de la constitución recoge el derecho de los ciudadanos a comunicar y recibir información libremente. Eso incluye según los tribunales de la UE el derecho de acceso a la información pública. Por lo tanto, el Gobierno debería plantear una Ley Orgánica que garantizara ese derecho y que esté por encima de cualquier otra norma en la materia. En lugar de eso, nos presentan una modificación de la manera en la que se accede a los registros públicos. Hila muy fino el borrador citando el “derecho a saber” en lugar del derecho a recibir información. Las dos frases significan lo mismo pero tienen consecuencias jurídicas muy distintas.

2) No afecta a los principales centros de poder.

Según la información publicada por El País, la nueva Ley de Transparencia no afecta ni al Congreso, ni al Senado, ni a la cúpula del sistema judicial, ni el Tribunal Constitucional, ni al Tribunal de Cuentas. La decisión se centra en que estos organismos tienen sus propias normativas para dar acceso a los datos. ¿Y los ayuntamientos no? ¿Y los ministerios no? ¿Y las Comunidades Autónomas no? Si alguien pensaba que íbamos a poder ver libremente las sanciones que impone el Consejo General del Poder Judicial o los gastos pormenorizados del Congreso, ya puede darlo por perdido. Una ley orgánica estaría por encima de todos sus ordenamientos internos…

3) El silencio -al final- no es positivo.

Esto se ha vendido como uno de los principales logros de la nueva Ley pero básicamente es mentira. Según el borrador, si la Administración no contesta a una petición de datos en un plazo de 10 días, la información se entiende concedida. Es decir. El silencio es positivo. Pero claro. Una vez cumplido el proceso ¿el ciudadano entra al asalto al ministerio de turno que ni siquiera le contesta y se lleva los datos bajo el brazo? ¿Cómo se ejecuta ese acceso en una entidad no cooperante? Llegados a este punto, el solicitante tiene interponer una solicitud confirmatoria, esperar un mes y luego acudir a la Agencia de Protección de Datos, que actuará a modo de arbitraje. Y aquí, el silencio vuelve a ser negativo, como toda la vida. Hay que esperar dos meses más a que el organismo se pronuncie y si no lo hace, la petición se entiende denegada. Rechazar el acceso a los datos vuelve ser tan sencillo como pasivo. Sólo hay que olvidarse del tema. Y al que no le guste, que se vaya al juzgado después de esperar dos meses. Exactamente como ahora.

4) La Ley no obliga al procesado y custodia de la información.

La nueva normativa garantiza el derecho a saber, pero no regula la obligación de la Administración de tener accesible la documentación al público. Imaginemos por ejemplo que un ciudadano quiere conocer cuánto ha gastado su ayuntamiento este año en bombillas. O en arreglos navideños. O en comidas oficiales. Pues bien. La inmensa mayoría de los consistorios no conceden estos datos básicamente porque ni ellos mismos lo saben. No basta con tener la información. Además, hay que saber dónde está y la manera de hacerla accesible. Como norma general, el borrador contempla como información accesible todo lo que está en los expedientes.

5) El ciudadano tendrá que esperar hasta tres meses.

La media de espera de un ciudadano de la Unión Europea para recibir información pública es de 14 días. Dos semanas como máximo. En España, el proceso completo antes de llegar a la vía judicial se puede prolongar hasta tres meses. Y no hay ningún juicio rápido o protocolo judicial que agilice este tipo de conflictos (donde por supuesto van a terminar las peticiones más comprometidas para la Administración).

6) Demasiadas excepciones.

La mayoría de los países desarrollados niegan a sus ciudadanos el acceso a información reservada por cuestiones de Defensa o Seguridad Nacional. Además, España quiere asumir todas las excepciones que contempla el Consejo de Europa: prevención, investigación y sanción de cuestiones penales, administrativas o disciplinarias, funciones de inspección y control de la administración, que afecten a intereses públicos o comerciales, a la garantía de confidencialidad prevista por las leyes o a los secretos en procesos de toma de decisiones, la vida privada y los intereses particulares legítimos”. Esto va mucho más allá de lo anunciado por el PSOE en su programa, que hacía mención únicamente a la colisión con secretos oficiales y la protección de datos personales.

7) El arbitro no será independiente.

La figura clave para que este sistema (implantado con matices en otros países de la UE) funcione, es un organismo independiente que realice de forma eficiente el arbitraje entre la administración y el ciudadano. En el caso de la nueva Ley española, será la Agencia de Protección de Datos quien adquiera nuevas competencias. Incluso le van a cambiar el nombre. Aquí si que se reconoce la verdadera naturaleza de la Ley: Agencia de Protección de Datos y Acceso a la Información.

8) No afecta a todos los ámbitos de la Administración.

La nueva normativa no se va a aplicar el los registros que ya tengan una regulación previa: el registro mercantil, de la propiedad, el registro central de penados y rebeldes, el registro de estadística pública, el censo electoral, el padrón municipal, el registro de información sanitaria y todos los organismos que tengan un ordenamiento legal específico para el acceso a la información seguirán utilizándolo.

Que nadie se llame a engaño. En mi opinión es positivo que España avance en el acceso a la información pública. Es un camino vital para que el votante se convierta también en ciudadano y participe activamente en los asuntos de Estado en lugar de esperar de forma paternalista a que la clase política tome sus decisiones de legislatura en legislatura. Pero no admitamos engaños ni cortinas de humo. Que el ciudadano tiene “derecho a saber” es una cosa de cajón que el sentido común ya había legislado en la vida pública. Lo que es inadmisible es que el Gobierno no de un verdadero paso de gigante después de 30 años de democracia completamente parado en este campo.

La agonía de los Ayuntamientos

Reproduzco el artículo de Luis Doncel para El País sobre la situación en los Ayuntamientos.

Los agujeros de la crisis en las cuentas públicas / 2

Los Ayuntamientos exigen poder endeudarse para esquivar la ruina

Economía incumple la ley que le obliga a financiar a los municipios a través del ICO - Madrid reclamará al Gobierno una indemnización por la demora

LUIS DONCEL - Madrid - 16/08/2010

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La ruinosa situación de los Ayuntamientos ha logrado algo excepcional en el paisaje español: la unanimidad de los políticos. Los miembros de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), de todos los partidos, se pusieron de acuerdo hace un mes para enviar una carta a los máximos responsables del Ministerio de Economía. En ella pedían eliminar la prohibición de endeudarse para los Ayuntamientos a lo largo del próximo año. Esta unanimidad obedece a un motivo aplastante: una deuda superior a 12.000 millones de euros y el desplome de los ingresos amenazan con paralizar la actividad de muchas corporaciones locales. De este colosal agujero en las cuentas públicas, 3.425 millones corresponde a las empresas de limpieza, recogida de basura y otros servicios medioambientales, según los datos que maneja el propio sector.

• "No es solo la crisis; aquí ha habido una gestión muy irresponsable"
• Un millar de DVD para ahorrar
• Las constructoras suspenden su reunión con Zapatero sobre el recorte de obra pública

FEMP

(Federación Española de Municipios y Provincias)


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Madrid (España)

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Pedro Castro Vázquez (Presidente)

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La deuda local roza los 30.000 millones; la de Madrid es el 25% de toda España

Taguas: "Estamos ante un problema de insolvencia, no de falta de liquidez"

Si alguien puede saber hasta qué punto aprieta en los ayuntamientos la falta de fondos, ese es Pedro Castro, presidente de la FEMP y alcalde socialista de Getafe. "Nos mandan más competencias sin las transferencias económicas correspondientes. Si hace falta, me ato a los leones del Congreso y me pongo en huelga de hambre", declaraba a este periódico hace dos semanas. Castro argumenta que la prohibición de endeudarse a largo plazo paralizará la actividad de muchos municipios.

En el ministerio responden que esta medida se tomó de acuerdo con otras fuerzas políticas en el marco del pacto de Zurbano, el pasado mayo. "Hemos aprobado ajustes para todas las administraciones. Solo pedimos a los Ayuntamientos que no incurran en nuevo endeudamiento", señalan fuentes gubernamentales. "Entendería este esfuerzo si se impidiera endeudarse al resto de administraciones. Pero solo se aplica a las locales, cuyo peso en la deuda es mínimo respecto a la del Gobierno central y de las comunidades", responde el concejal de Hacienda de Madrid, Juan Bravo.

"En lugar de recurrir a operaciones de financiación habituales, nos vemos obligados a endeudarnos con nuestras proveedoras de servicios. Pero estas empresas ya no lo aguantan más. Grandes grupos han trasladado el problema a la vicepresidenta Elena Salgado y le han anunciado que, si esto sigue así, en septiembre u octubre tendrán que tomar decisiones dolorosas", continúa el concejal madrileño.

Porque el ayuntamiento de la capital, del PP, es uno de los arietes del movimiento que exige al Gobierno vías alternativas con las que obtener financiación a través del endeudamiento. Con unos números rojos de 7.314 millones de euros, una cuarta parte de la deuda municipal de toda España, Madrid ofrece varias alternativas. Entre otras, propone que el Ejecutivo retire la exigencia de cancelar las pólizas de crédito a corto plazo a 31 de diciembre o que ponga en marcha una línea del ICO para financiación local. Esta última es, más que una propuesta, una exigencia.

Y es que la recién aprobada ley de morosidad establecía que el Gobierno dotaría en un mes "una línea de crédito directa, en condiciones preferentes, dirigida a las entidades locales para facilitar el pago de deudas anteriores al 30 de abril de 2010". Hace dos semanas que se ha cumplido el plazo y este instrumento del ICO no está en marcha. "Estamos trabajando en ello, pero es de una enorme complejidad técnica", explican en el ministerio, donde rehúsan fijar un plazo para su puesta en marcha.

El equipo de Alberto Ruiz-Gallardón promete batalla. "A la vuelta del verano, el Ayuntamiento de Madrid entablará acciones judiciales contra el ministerio por incumplir una ley con mandato imperativo. Cualquier reclamación por demora que llegue a partir del día en el que tendría que estar lista la línea del ICO la repercutiremos al Gobierno", asegura el concejal de Hacienda.

En cualquier caso, es dudoso que esta línea de crédito fuera la panacea para solucionar los problemas financieros de los Ayuntamientos. El ICO puso en marcha una línea similar, dotada con 3.000 millones de euros, a la que muy pocos municipios recurrieron. "No la usaron, porque este dinero sí hay que devolverlo a tiempo al ICO, no como la deuda con las empresas. La música que suena ahora es parecida a la del año pasado, pero las circunstancias son mucho más agobiantes. Las contratas amenazan con más despidos y con dar un peor servicio a los ciudadanos", explica Francisco Jardón, representante de las filiales de medio ambiente de las grandes constructoras.

Pero el problema no es solo que la iniciativa del ICO tuviera poco éxito el año pasado. Además, en el sector dudan que este instrumento sea poco más que una tirita para una herida muchísimo mayor. Así opina David Taguas, presidente de Seopan, la patronal de las grandes constructoras. "Creo extremadamente difícil que el ICO lo ponga en marcha. Pero además, la financiación local no se resuelve con una línea de 3.000 millones. Es mucho más grave. Aquí estamos ante un problema de insolvencia, no de falta de liquidez. Y los problemas de solvencia no se solucionan con una línea de crédito", asegura.

http://www.elpais.com/articulo/economia/Ayuntamientos/exigen/poder/endeudarse/esquivar/ruina/elpepueco/20100816elpepieco_2/Tes

A vueltas con la transparencia

Reproduzco el artículo de opinión de Juan Luis Manfredi para El País.

"España ha presidido el semestre europeo con la anomalía de ser el único país grande de la UE que carece de una ley de acceso y de transparencia de la Administración Pública. Esperamos que el Gobierno cumpla su promesa electoral y apruebe dicha ley antes de que finalice la legislatura. Además de aprobar la ley, le toca al Ejecutivo impulsar el reglamento, la cultura de la transparencia, la disposición de los archivos, el gobierno abierto, la formación de los empleados públicos y el uso de las tecnologías.

En Estados Unidos, la ley (FOIA: Freedom of Information Act) ha cumplido más de 40 años y ha avanzado más bajo las presidencias demócratas. Obama no ha sido menos y publicó al día siguiente de su toma de posesión el memorando que orientará la libertad de acceso durante su mandato. El mensaje es sencillo: en caso de duda, prevalece el derecho de los ciudadanos sobre el secreto del Gobierno. Mediante tales medidas, ahora mismo están disponibles todas las facturas firmadas por la presidencia, los vídeos de las intervenciones o la vinculación entre los votos de los senadores y las donaciones que reciben para sus campañas. George W. Bush dio instrucciones para que se hiciera exactamente lo contrario y se cumpliera la ley... al pie de la letra, sin un mínimo de interés o apoyo por parte de la Administración o las agencias federales.

La cultura de la transparencia consiste no únicamente en la puesta a disposición del público de datos, sino en la organización de la documentación y su catalogación, la eliminación de la arbitrariedad y la obligación de destinar recursos humanos y económicos. Es un trabajo arduo, pero puede servir de ancla para recuperar la credibilidad de los partidos políticos y los Gobiernos en todos los niveles. Ante el auge de la corrupción, el nepotismo y la decadencia de algunas organizaciones sociopolíticas, no está de más recordar el aforismo de Louis Brandeis, juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos entre 1916 y 1939: la transparencia es el mejor de los desinfectantes ("Sunlight is said to be the best of disinfectants"). Frente a la extensión de la manía de la rueda de prensa sin preguntas de periodistas, hace falta lo contrario. Hay que ejercer el derecho a preguntar, tener el acceso a las fuentes directas e insistir hasta que se responda por aquello que se ha preguntado.

Los periodistas tenemos mucho que aportar al buen desarrollo de la transparencia. La experiencia confirma que el periodismo de investigación sale reforzado. No todos los años aparece una historia como el escándalo de Guantánamo, los papeles del Pentágono o la imprevisión de Bush ante elinminente ataque de la entonces poco conocida Al Qaeda, pero sí que existe un compromiso cívico con los lectores diarios. De hecho, en Estados Unidos, los diarios locales lideran el uso de la FOIA y, gracias a ella, dedican numerosas páginas a contenidos exclusivos tales como los derechos de los consumidores, las cuestiones medioambientales que afectan a la comunidad, la denuncia de casos de nepotismo o corrupción.

Recientemente, nos ha impactado el vídeo de Reuters sobre el asesinato de un periodista en Irak, que ha visto la luz gracias al uso de esta ley. En México, el periodista Daniel Lizárraga reveló la opacidad en el gasto de las transiciones presidenciales. En Estados Unidos, se ha divulgado la correspondencia de Henry Kissinger, la dinámica y alcance de la ayuda a la contra en Irán o la documentación acerca de la invasión de Bahía Cochinos. En América Latina, los ciudadanos han empleado sus respectivas leyes de acceso y la propia FOIA estadounidense para la reconstrucción de la memoria de las dictaduras. Los desaparecidos, la violación de los derechos humanos y el colaboracionismo de unos u otros Gobiernos quedan al descubierto porque existía un registro de las acciones, de las personas que tomaban las decisiones y de los métodos empleados para la tortura y muerte.

Centenares de personas anónimas han reclamado la información sobre sus familiares y amigos para saber qué les sucedió realmente. Acogiéndose a la FOIA, algunos vecinos de los Estados de Pensilvania o Virginia reclamaron a la Agencia Federal de Medioambiente información objetiva y veraz sobre las consecuencias de las emisiones de carbón en determinadas poblaciones. En Alemania, cada uno puede acceder a los datos personales que la Stasi tenía almacenados y clasificados sobre ellos mismos. En la misma línea, los movimientos sociales pueden recuperar y poner información que de otra manera se pierde en los Presupuestos Generales del Estado, las comisiones gubernamentales o las fundaciones públicas.

El desafío de la transparencia informativa es una cuestión que debe abordarse pronto para adecuarnos a la realidad europea. Lo importante es la aprobación de una legislación avanzada, que aproveche el conocimiento adquirido por los países del entorno para legislar el acceso, los medios electrónicos y los reglamentos correspondientes, así como reformar las leyes de archivo de la Administración y la de secretos oficiales. La lucha contra la corrupción, la recuperación de la credibilidad del Gobierno y el abono de la esfera pública pasan necesariamente por la rendición de cuentas, el ejercicio del buen periodismo y la mejora de la calidad de la democracia".

El peaje

Reproduzco una tribuna de opinión publicada en El Mundo el 11 de agosto de 2010 escrita por Luis Olivenza sobre el peaje en La Línea de la Concepción.

"Estaba dándole vueltas a esta idea del peaje urbano (, creo es el término correcto) que quiere implantar en la Línea de la Concepción su Alcalde, Alejandro Sánchez, cuando, de pronto, como aparecido de la nada, me encuentro que la carretera por la que circulo, la comarcal de Klais a Schloss Elmau, en los Alpes bávaros, se encuentra cortada por un sencillo poste manejado por un propio desde una caseta situada a un lado del camino. Una rústica señal advierte al conductor que hay que pagar una Mautgebühr, (peaje), por transitar por esa vía con un vehículo de motor: nada más y nada menos que 3 euros por una carretera de 4 kilómetros. Pago y recibo un ticket en el que el Ayuntamiento de Klais justifica el peaje para preservar la belleza natural de ese paraje alpino; el peaje tiene una finalidad disuasoria para los usuarios de los vehículos de motor y un objetivo vinculado a la preservación del medio ambiente. Guardo el recibo para enviárselo a mi regreso al Alcalde linense, que sé anda tratando de justificar la imposición de una tasa a los vehículos de motor que pretendan acceder a Gibraltar, tasa cuya procedencia y validez jurídica tiene muy clara. En la edición electrónica de EL MUNDO de ayer veo que la tasa no ha sido precisamente muy bien recibida por las autoridades gibraltareñas, acostumbradas como están desde hace algunos años a recibir sólo dádivas y parabienes del pródigo ´vecino' de Madrid. Pues no sé de qué se extrañan; en Londres existe desde 2003 una congestion charge –implantada por el laborista Ken Livingstone- para determinados conductores que circulen por zonas delimitadas. Su actual Alcalde, el pintoresco Boris Johnson, pretende ampliar las zonas afectadas por la tasa y elevar drásticamente su importe a los vehículos que más contaminan (y eso que los conservadores eran abiertamente contrarios a la aplicación de la tasa, pero cuando un municipio está en crisis el afán recaudatorio no tiene límites). Si lo hace la City será porque es competencia municipal y porque en modo alguno perjudica la libre circulación de personas o mercancías. Pero no sólo en Londres se aplica esa tasa (con la excusa medioambiental, que es la más lucrativa). También en Estocolmo (aprobado en referéndum urbano), en varias ciudades noruegas, en Roma (donde los residentes deben pagar una tarifa anual superior a los 300 euros) y, recientemente, en Milán. Otras ciudades, como Sevilla, están adoptando medidas disuasorias para la circulación por el centro, consistentes en reducir la permanencia de vehículos a un número determinado de horas (un paso previo al cobro de la tasa). Nada nuevo bajo el sol: quien quiera ver en coche Chelsea, el Duomo, el Stockholm Slott o los monos, que vaya haciéndose a la idea del peaje".

P.D. Aseguro que si Alejandro Sánchez apuesta por esta medida es porque la legislación le ampara.

Oído a navegantes

Desde que en 2007 inicie este blog me he encontrado de todo, pero en la balanza siempre había ganado hasta ahora lo positivo.

He admitido todo tipo de críticas siempre que éstas se hagan desde el respeto y la confrontación democrática. Pero ahora las cosas han cambiado, será que estamos en pre pre-campaña o que andan nerviosos por otros lares y se esconden bajo anónimos personas que tienen nombre y apellidos y cargos, porque todo se sabe.

En los últimos días he tenido que leer hasta que se cuestionaba mi formación y lo que no saben esos "lobos" que cuestionar esas cosas es cuestionarse a sí mismos.

Soy Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Granada, promoción 1996-2001, compañero de esa andadura fue Gabriel Alconchel, actual director del INJUVE y miembro del PSOE de Jerez.

Soy Experto (a) Universitaria en Comunicación Institucional y Marketing Político por la Universidad Sevilla, siendo Co-director de estos estudios Francisco Perujo, Director de la Agencia Andaluza para el Flamenco y desde abril de este año Director General de la Oficina del Portavoz del Gobierno de Andalucía.

Todo lo publicado en mi perfil está acreditado con papeles oficiales y públicos. Esos "anónimos" no tienen ni la valentía de poner sus nombres y apellidos para desprestigiarme, que pongan ellos sus curriculums y que sean los navegantes quienes juzguen.

Por otro lado y para que se entere la gente poco ducha en la vida 2.0. Este es mi blog personal, no es un servicio público, no es parte de ninguna estrategia política, este blog soy yo y a quién no le guste que no mire.

Ejerzo de esta manera el derecho reconocido en el artículo 20 de la constitución española "A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción".

Y ustedes tienen la opción de leerme o no, y sinceramente, déjenme en paz, no me lean, no se refieran a mí en sus blogs, busquen sus propias noticias, pensamientos y argumentos, pero no me utilicen. Defiendan sus ideas y publiquenlas dónde quieran y como quieran pero olvídense de mí.

Como concejal, tienen ustedes la suerte o la desgracia de que ya me conocen en Jerez, serán ellos los jerezanos quiénes nos juzgaran por quienes somos, por lo que hemos hecho en nuestra vida y hasta nos juzgaran por si escondemos la cara cuando andamos por la calle o vamos con la cabeza alta y saludando.

Y oído a navegantes, no voy a publicar ningún comentario positivo o negativo, que venga firmado desde el anonimato. Quien quiera decirme algo que lo haga de frente como yo lo hago.

P.D. Ocúpense de trabajar por Jerez y no de este blog.