Los sindicatos llevaban tiempo buscando la excusa para convocarle a Esperanza Aguirre una huelga y la han encontrado en el recorte del 5% a los empleados del metro de Madrid, en consonancia con la rebaja del salario de los funcionarios decretada por Zapatero para todas las administraciones. Y digo excusa porque lo de la protesta por la merma salarial no es más que una tapadera para encubrir los verdaderos motivos que subyacen detrás de estas movilizaciones, que no son otros que el intento de desgastar a la presidenta de la Comunidad de Madrid para ver si así, en la calle, la izquierda madrileña y nacional consigue lo que las urnas no le conceden.
Dejemos las cosas claras. En primer lugar, la idea del recorte salarial no procede del Gobierno regional, sino del nacional, más concretamente de su presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, quien, deseoso de seguir tirando el dinero en cosas tales como las subvenciones milmillonarias que acaba de conceder a los sindicatos latinoamericanos, ha impuesto a los funcionarios una parte de la carga del ajuste presupuestario que le exigen el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea con tal de no renunciar a sus políticas y sus caprichos. Es, pues, contra Zapatero y no contra Aguirre contra quienes los sindicatos deberían haber convocado esta huelga, pero como ZP los tiene comprados, no se han atrevido sino que, por el contrario, a lo que se están dedicando con el paro en el metro, incumpliendo los servicios mínimos y, con ellos, la ley, es a hacer política... política de desgaste de la presidenta regional porque la izquierda no soporta que una comunidad tan importante y emblemática como es la de Madrid no esté gobernada por ella.
Sigamos. Uno puede entender en las circunstancias actuales una huelga de pobres trabajadores, pero los empleados del metro, y, más en concreto, los maquinistas, que son quienes han paralizado el suburbano incumpliendo los servicios mínimos, no son precisamente los trabajadores peor pagados de este país. Por el contrario, su retribución se sitúa holgadamente por encima de la media nacional y, además, ni se les puede despedir ni aplicar un expediente de regulación de empleo para sanear Metro de Madrid, de acuerdo con lo pactado entre sus representantes y los de la empresa. Por tanto, estamos ante una huelga de privilegiados que, además de negarse a aceptar la parte del sacrificio que les toca para poder reducir el déficit público español, se echan a la calle para hacer política pura y dura, siguiendo las consignas de unos liberados sindicales que ni trabajan ni han trabajado en su vida.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid, por todo ello, no puede ni debe perder el pulso que le acaban de plantear los sindicatos, pulso que ya intentaron sin éxito en el terreno de la sanidad. Para ello, el Ejecutivo de Esperanza Aguirre debe emplear todas las armas que la ley pone en su mano ante una huelga política como ésta en la que se incumple la ley al no funcionar ni siquiera los servicios mínimos. Y es que, les guste o no, los sindicatos no están para hacer política, sino para otra cosa y si se extralimitan en sus funciones, como están haciendo ahora, debe caer sobre ellos todo el peso de la ley. El equipo de Aguirre está dispuesto a aguantar el tipo y ya está empezando a tramitar los pertinentes despidos, de acuerdo con lo previsto en la ley para los casos de incumplimiento de servicios mínimos en los servicios públicos fundamentales. Al Gobierno madrileño no le debería temblar la mano lo más mínimo en este sentido. Es más, cuando llegue el momento de negociar la vuelta al trabajo, no debería aceptar la readmisión de los despedidos, como piden siempre los sindicatos en estas negociaciones, y debería estar en todo momento respaldado por la dirección nacional del Partido Popular y por todos los miembros del mismo, empezando por el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón. El PP no puede permitirse la menor fisura en este sentido porque en caso contrario estará enviando a los sindicatos, y a la izquierda, un mensaje claro de debilidad que aprovecharán para tratar de desgastarlo todo lo que puedan, tanto a nivel regional como nacional. Por tanto, aquí no sólo se la juega Esperanza Aguirre; se la juega todo el partido y todos deberían ser conscientes de ello porque con lo que está lidiando Aguirre no es con un conflicto laboral cualquiera, sino con una huelga política de verdad que sólo busca alejarla a ella, y a los populares del poder en Madrid y, si pueden, impedir que lleguen a La Moncloa en las próximas generales.
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